El Grillito Haciendo ruido en todos lados
El ICE había regresado a territorio estadounidense a los 40 inmigrantes indocumentados que aún permanecían en la base. La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, además de ser una norma antigua, es considerada una de las más controversiales en la historia del país. Ha sido aplicada solo tres veces, siempre en tiempos de conflicto, y durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó para internar a los estadounidenses de origen japonés en campos de concentración. Ahora, el presidente Donald Trump busca invocar esta ley en su plan de deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, con el objetivo de aumentar las expulsiones, incluyendo el envío de algunos a Guantánamo, Cuba.
Trump podría invocar esta ley este mismo viernes para ordenar la detención y deportación de individuos sospechosos de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua, que su administración ha incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, según fuentes de medios estadounidenses. La Ley de Enemigos Extranjeros otorga a los presidentes de EE.UU. poderes extraordinarios para ordenar la detención y deportación de extranjeros mayores de 14 años provenientes de países que amenacen con llevar a cabo una “invasión o incursión predatoria” en el país.
Esta información surge cuando la administración de EE.UU. parecía haber pausado, o incluso descartado, su plan de enviar inmigrantes indocumentados a la base naval de Guantánamo, un plan que desde su inicio en enero ha costado 16 millones de dólares y ha trasladado a 290 personas, aunque recientemente los 40 inmigrantes que aún permanecían allí fueron devueltos a territorio estadounidense, según confirmó el Pentágono.
Los traslados de regreso a EE.UU. se han realizado de forma discreta, a diferencia de los primeros traslados, que fueron anunciados públicamente con gran cobertura mediática. Los inmigrantes devueltos han sido llevados a Luisiana, donde están retenidos en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Alexandria. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional trasladó a otros 48 migrantes desde Guantánamo a las mismas instalaciones. Además, en febrero se deportó a un grupo de 177 venezolanos a su país de origen después de haber sido enviados a Guantánamo.
A diferencia de los vuelos militares costosos y las imágenes difundidas en redes sociales de los traslados a Guantánamo, los retornos se han hecho en vuelos charter más económicos. En total, la administración de Trump ha trasladado a 290 inmigrantes irregulares de 27 países a la base naval desde su orden en enero. De los 40 que quedaban allí antes de la última vuelta, 23 estaban clasificados como de “alto riesgo” y estaban detenidos en la prisión de la base, mientras que los otros 17 estaban en el Centro de Operaciones para Migrantes.
El motivo exacto por el que estos inmigrantes fueron devueltos no está claro. El plan había desatado una ola de protestas y demandas por parte de organizaciones de derechos civiles e inmigrantes, que denunciaban abusos por parte de las autoridades. De hecho, un juez federal en Washington tenía previsto realizar una audiencia para examinar dos demandas en contra del plan de traslados a Guantánamo.
Una de las demandas, presentada en febrero, se centra en la falta de acceso a asistencia legal para los detenidos, mientras que la segunda, presentada en marzo, busca evitar que 10 inmigrantes detenidos en EE.UU. sean enviados a Guantánamo.
El Gobierno estadounidense sostiene que la base de Guantánamo, y su prisión en particular, son lugares adecuados para retener a inmigrantes irregulares considerados peligrosos, como los venezolanos presuntamente vinculados a la pandilla Tren de Aragua. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien visitó Guantánamo en febrero, afirmó que la prisión alojaría a “lo peor de lo peor” entre los inmigrantes detenidos.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha demostrado que los inmigrantes enviados a Guantánamo tengan vínculos con la organización terrorista mencionada. Muchos de los detenidos no tienen antecedentes criminales conocidos.
Los abogados de las organizaciones demandantes argumentan que las leyes estadounidenses impiden trasladar detenidos a países con los que no se tiene relación, además de que no se puede mantener a alguien detenido fuera de suelo estadounidense. El Gobierno responde que la Ley de Inmigración permite la retención de inmigrantes irregulares en instalaciones bajo su control, como la base de Guantánamo.
Tras la orden de Trump, el Pentágono desplegó centenares de soldados adicionales, alrededor de 6,000, para preparar la base para recibir a miles de migrantes que finalmente no llegaron. Estos soldados levantaron 195 tiendas de campaña con capacidad para 500 personas, pero las autoridades han reconocido que el campamento no cuenta con las condiciones adecuadas, como aire acondicionado para soportar el calor tropical.
La congresista demócrata Sara Jacobs, quien visitó Guantánamo la semana pasada, declaró a ABC News que la idea de Trump parecía estar más orientada a crear una impresión pública que a tener un valor operativo real.
