El Grillito Haciendo ruido en todos lados
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó este martes la sentencia de seis años de prisión en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en el marco del denominado “Caso Vialidad”.
Además de la pena privativa de libertad, la exmandataria fue inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, una decisión que marca un hecho histórico en la política argentina.
La resolución del máximo tribunal del país ratifica la sentencia emitida en 2022 por un tribunal oral, que encontró responsable a Kirchner de haber favorecido, durante sus mandatos presidenciales (2007–2015), a una red de corrupción vinculada a contratos de obra pública.
Un caso emblemático de corrupción
El llamado “Caso Vialidad” surgió tras una investigación que reveló que el gobierno kirchnerista habría beneficiado con al menos 51 contratos viales a la empresa Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner. La mayoría de las obras fueron licitadas en la provincia de Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo.
Según estimaciones oficiales citadas por el diario Clarín, el perjuicio económico al Estado argentino asciende a unos 85 mil millones de pesos. Las obras, adjudicadas mediante procesos irregulares y con sobrecostos, no fueron concluidas en su totalidad; sin embargo, sí fueron cobradas.
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso del monto desviado, que deberá ser restituido al erario por los involucrados.
Apelaciones rechazadas
En su resolución, la Corte Suprema no sólo desestimó el recurso presentado por la defensa de la exmandataria, sino también el pedido de la Fiscalía de duplicar la pena a 12 años de prisión. De esta manera, la condena quedó firme en seis años.
El fallo representa un golpe político para Cristina Kirchner, actual vicepresidenta del país hasta diciembre de 2023, aunque sus abogados aún podrían apelar a instancias internacionales.
La expresidenta ha sostenido en múltiples ocasiones que es víctima de una persecución política, acusaciones que el gobierno actual ha respaldado en diversos momentos.
