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Juez ordena al gobierno federal desarrollar un plan para eliminar minas instaladas por el crimen organizado
Un juez federal ha emitido una suspensión provisional que obliga a los gobiernos Federal y de Michoacán a tomar medidas para identificar los lugares donde han sido colocadas minas terrestres por grupos criminales, no solo en la región de Tierra Caliente, sino en todo el país.
El juez Sergio Santamaría Chamú, conocido por sus decisiones polémicas en casos de amparos, solicitó al gobierno de Claudia Sheinbaum que, al elaborar el plan, especifiquen el tiempo estimado en días, meses o años necesarios para eliminar todas las minas en las zonas bajo control del Estado Mexicano.
Según documentos judiciales, las autoridades deben cumplir con esta suspensión provisional en los próximos días y diseñar un programa nacional de desminado para proteger la vida de las personas en varios municipios afectados. “Se deberá determinar el alcance del problema de las minas en las áreas de Las Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán, y sus alrededores”, indicó el juez.
Además, el fallo establece que las autoridades deben definir los recursos financieros, humanos y tecnológicos necesarios para implementar el programa, así como establecer criterios e indicadores para evaluar su efectividad.
El juez también ordenó que se desarrolle una campaña de sensibilización entre la población sobre los riesgos de las minas y que se brinde atención a las personas que ya han sido afectadas por las explosiones de “narco minas”.
La decisión del juez fue tomada tras una denuncia de un grupo de 15 personas que acusaron la falta de acción por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y los secretarios de Seguridad, Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ante el peligro que representan las minas puestas por el crimen organizado.
“Existe un riesgo constante para la vida de los habitantes de nuestra comunidad y las zonas cercanas, ya que desconocemos la ubicación de estos dispositivos explosivos. Esta omisión viola nuestro derecho a la vida, la seguridad, al trabajo en condiciones seguras y a un entorno sano”, explicaron en su demanda de amparo.
En los próximos días, el Gobierno Federal y las autoridades de Michoacán deberán presentar un informe al juez Sergio Santamaría Chamú en el que expliquen si han sido omisos o no al tomar medidas para abordar esta amenaza.
La audiencia para definir si se concede una suspensión definitiva está programada para el 14 de marzo, donde se decidirá si las autoridades están obligadas a actuar de inmediato.
