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Silvano Aureoles obtiene suspensión provisional contra orden de aprehensión
El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, obtuvo una suspensión provisional por parte del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, la cual le protege temporalmente contra cualquier orden de aprehensión emitida en su contra por un juez federal.
Aureoles, quien se encuentra prófugo de la justicia, promovió el recurso de amparo el pasado 21 de abril, solicitando protección frente a actos como una posible orden de captura, arresto, comparecencia judicial y su ejecución. La solicitud fue presentada ante el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte.
El juez en funciones le otorgó la medida cautelar bajo la condición de que deposite una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días, para que la suspensión tenga efectos.
La resolución indica que, por ahora, las cosas deben mantenerse en el estado actual y no se podrá privar de su libertad al exmandatario, incluso si el delito amerita prisión preventiva oficiosa. Esto, hasta que se determine si se le concede la suspensión definitiva.
Acusaciones por desvío millonario
Las autoridades acusan a Silvano Aureoles de ser responsable del desvío de 3 mil 412 millones de pesos, recursos públicos que estaban destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en municipios como Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El caso es investigado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), dirigida por María de la Luz Mijangos, quien también obtuvo órdenes de aprehensión contra otros siete exfuncionarios de su administración.
En marzo, cuatro excolaboradores de Aureoles fueron vinculados a proceso por delitos como administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Los implicados, todos exfuncionarios del área financiera y de seguridad pública estatal, permanecen en prisión preventiva justificada.
Mientras tanto, se espera que las autoridades responsables rindan sus informes dentro de un plazo de 48 horas hábiles, contadas a partir de la notificación oficial, bajo apercibimiento de multa en caso de incumplimiento.
