A partir de este martes 17 de junio, entró en vigor la llamada “Ley Silla”, una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que obliga a empleadores a proporcionar asientos adecuados a sus trabajadores, especialmente a quienes desempeñan funciones que requieren estar de pie durante periodos prolongados.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), contempla modificaciones a los artículos 132, 133, 422 y 423 de la LFT, y tiene como propósito salvaguardar el derecho al descanso digno en los centros de trabajo. La disposición aplica en sectores como comercio, servicios e industria, siempre que la naturaleza del trabajo lo permita.
El artículo 132 establece que los empleadores deberán proveer el número suficiente de asientos o sillas con respaldo para que los trabajadores puedan ejecutar sus funciones o tomar descansos periódicos durante la jornada laboral. Asimismo, estos asientos deben estar ubicados en áreas específicas dentro de las instalaciones.
Esta medida beneficiará a empleados como cajeros, guardias de seguridad, cocineros, hostess y demostradores, entre otros. Para facilitar su implementación, se otorgó un periodo de 180 días desde su publicación en diciembre de 2024, plazo que culminó este 17 de junio.
¿Qué ocurre si no se respeta la Ley Silla?
En caso de que una empresa no cumpla con lo establecido por la nueva legislación, los trabajadores podrán presentar una queja ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Esta instancia, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), ofrece asesoría gratuita y está facultada para dar seguimiento a las denuncias.
Para presentar una queja, los trabajadores deben proporcionar su nombre completo, identificación oficial, nombre de la empresa, documento que acredite la relación laboral (como contrato o credencial) y los detalles del incumplimiento.
Las denuncias pueden hacerse a través de los teléfonos 800 717 2942 y 800 911 7877, en las unidades móviles de la STPS en la Ciudad de México o por redes sociales.
Sanciones económicas
Las sanciones por incumplimiento de la Ley Silla van de 250 a 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 25 mil 285 y 282 mil 850 pesos, de acuerdo con la UMA vigente para 2025. En casos graves, las autoridades pueden imponer sanciones adicionales como la inhabilitación del centro de trabajo y cargos por discriminación laboral.
Esta reforma busca reforzar los derechos laborales en el país y contribuir a mejores condiciones de trabajo para miles de empleados que, hasta ahora, debían permanecer de pie durante toda su jornada sin opción de descanso.
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